ANÁLISIS SEMANALES
18-07-2000. Análisis de la semana (alargada) del 7 de al 16 de julio de 2000
del Servicio analítico-informativo de la RED VASCA ROJA
ETA ATACA. Refutada la condena del obispo. Vidas que no son sagradas (o los accidentes laborales). Violencia de muchos jueces españoles. Dos años después Garzón sigue persiguiendo a EGIN. HAIKA y su fuerza y la solidaridad vasca. La apuesta española de los empresarios vascos, esos ladrones del trabajo de sus obreros. El mal síntoma de la Asamblea del PNV. El indicador de una encuesta.
Nota previa. Los subscriptores han sido advertidos ya varias veces de los problemas de conexión que tuvimos durante julio y que han retrasado el envío de éste y otros análisis. He aprovechado ese retraso para incluir en éste la respuesta al obispo Uriarte publicada por Iker Gallastegi en GARA el día 27.
Este análisis, como se verá al leerlo, se refiere a más cosas que a la ofensiva de ETA. Porque en los diez días que analiza han pasado más cosas. Pero sin duda lo dominante del período ha sido esa ofensiva de ETA. Pasa siempre cuando la crítica de las armas se yuxtapone a los efectos del arma de la crítica. Recuérdese la vieja fórmula de Clausewitz ("la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios"). Pero hay que huir de la observación vulgar que sólo ve simple paralelismo entre guerra y política. Lo que Clausewitz desarolló fue una poderosa y compleja dialéctica centrada en una lógica de las interacciones en movimiento. Sería un torpe error descuidar (u omitir) la necesaria atención a las interacciones en movimiento en la Euskal Herria de hoy. Por citar sólo un ejemplo: las que vinculan entre sí la tríada PNV-ETA-Garzón.
Por supuesto, repito que la ofensiva de ETA ha sido el hecho dominante de estos diez días. Basta con enumerar esta secuencia de acciones:
Viernes 7 de Julio: Desactivada bomba-lapa colocada en el coche de un empresario en Ordizia (con dinamita que ETA consiguió en Bretaña)
Miércoles 12 de Julio: ETA hace explotar un coche bomba con 25 kgs dinamita en el centro de Madrid.
Sábado 15 de Julio: Muerto a tiros por ETA en Málaga un concejal del PP.
Domingo 16 de Julio: Coche bomba de ETA explosiona junto al cuartel de la Guardia Civil de Agreda (Soria) 17 horas después de la acción mortal de ETA en Málaga.
Los detalles, que por lo demás han llenado páginas y páginas en la prensa y horas y horas en televisiones y radios, puede consultarlos quien me lee en la sección de la web de la RED VASCA ROJA dedicada al alto el fuego de ETA y sus secuelas.
El efecto más claro de esa ofensiva es que ETA ha demostrado su capacidad operativa a lo largo y a lo ancho del territorio del Estado español. La acción de Málaga, unida a esa demostración de capacidad operativa, ha enfrentado al Gobierno español del PP con una amenaza estratégico-táctica: la que pende sobre los 24.624 concejales del PP esparcidos por todo el territorio.
Creo conveniente destacar una reacción española: la de identificar aún más a todo el nacionalismo vasco con ETA. Ligada a la utilización del empresariado vasco-españolista y de la Iglesia Católica como arietes en la labor. Véase como muestra el siguiente significativo fragmento del editorial de ABC del lunes 17 titulado Las consecuencias del terror:
"Hoy en día no es posible trazar líneas divisorias entre las responsabilidades del nacionalismo y del terrorismo, unidos por lo que en términos mercantiles se llamaría una fusión por absorción, en la que el binomio ETA-HB es la sociedad absorbente y PNV y EA, las sociedades absorbidas.
ESTE análisis, que diagnostica la hegemonía de ETA en el nacionalismo vasco, ya no es sólo una reflexión de populares o socialistas, de intelectuales o de periodistas amenazados, o de ciudadanos no nacionalistas apaleados o señalados. Es un sentimiento cada vez más extendido en la sociedad vasca, que ha calado en sectores sociales afines al nacionalismo y a instituciones con un pasado muy reciente de silencio o, como mucho, de suave discrepancia ante los excesos nacionalistas. Por ejemplo, la clase empresarial y la Iglesia vascas. La organización de los empresarios vascos, Confebask, ha visto, con razón, que la alianza nacionalista pone seriamente en peligro el desarrollo económico del País Vasco y dificulta la negociación para la renovación del Concierto Económico. Su reivindicación del marco estatutario ha hecho daño en los aliados nacionalistas, PNV y EA, que han reaccionado muy negativamente a las palabras del presidente de Confebask, Román Knorr. Por su parte, monseñor Uriarte, obispo de San Sebastián, hizo pública ayer una carta pastoral en la que reprueba con dureza la «kale borroka» y reclama para las víctimas de la violencia «el apoyo público de sus autoridades y de sus conciudadanos». Son distintos mensajes con distintas literaturas, pero dirigidas al mismo destinatario."
Veamos con algún detalle la intervención del obispo de Donostia (y la respuesta que ha recibido).
El domingo 16 un amplio número de diarios (tan opuestos entre sí como EL PAÍS y GARA por ejemplo) publicaron un artículo del obispo de Donostia Juan María Uriarte, el que fuera durante el alto el fuego de ETA intermediario entre ésta y el Gobierno español ("quemado" deliberadamente por Mayor Oreja). El artículo, escrito evidentemente antes de que el sábado 15 ETA matara en Málaga al concejal del PP, se titulaba Un grave obstáculo a la paz. Y sus cuatro primeros párrafos rezaban así:
"El verano de 2000 se abre, lamentablemente, con una nueva oleada de violencia de ETA. El atentado dirigido en Ordizia contra el hostelero guipuzcoano Juan Bautista Rubio, la gran explosión de un coche bomba en el corazón mismo de Madrid y el estallido aún reciente de una potente carga en el municipio de Getxo actualizan implacablemente, ante la mirada atónita de casi toda la ciudadanía, la persistente amenaza de ETA que, por la vía de la intimidación y del terror, pretende impulsar en una dirección determinada el futuro político y social de este pueblo.
No nos cansaremos jamás de condenar con nítida firmeza estos ataques intolerables a la vida, a la libertad de las personas, a la democracia y a la paz. El hecho de que, en estos casos, no hayan causado víctimas mortales (aunque sí daños materiales y heridas físicas y morales) no les eximen de un severo juicio moral.
En sintonía con hechos de tanta gravedad y con una periodicidad casi previsible se repiten en nuestras calles preocupantes episodios violentos que producen una desmoralización social y reclaman una reflexión que no se reduzca a mera repulsa moral.
Con mayor o menor intensidad la violencia callejera, denominada corrientemente kale borroka se va convirtiendo entre nosotros en un fenómeno casi crónico y altamente peligroso. Viviendas privadas, establecimientos comerciales y bancarios, vehículos públicos y particulares, sedes de medios de comunicación social y edificios institucionales sufren el embate destructor de grupos juveniles embozados en sus capuchas y pertrechados de artefactos destructivos."
Más adelante Uriarte condenaba explícitamente la kale borroka diciendo:
"No podemos dejar de reprobar, por muchas razones humanas y cristianas, estas oleadas de violencia callejera que vulneran derechos humanos medulares, como la integridad y seguridad física y psicológica de las personas, el respeto a sus bienes materiales y la libertad para expresar y defender sus propias opciones. Ninguna causa, ninguna reivindicación, ninguna aspiración, por fundada y legítima que pueda ser, justifica estos atentados a la seguridad y a la libertad. Lejos de favorecer la defensa de los objetivos con frecuencia proclamados por sus autores, contribuyen a sembrar con respecto de aquellos un descrédito social creciente."
Remachando más tarde con un párrafo PROSPECTIVO:
"La persistencia de la kale borroka produce en los mismos que la practican (muy mayoritariamente adolescentes y jóvenes) un efecto pernicioso: la "cultura de la violencia" va impregnando capas de su persona y puede acabar convirtiéndose en un estilo violento de vivir que afecte a otras muchas áreas de su conducta."
Uriarte terminaba el artículo con estas exhortaciones:
"Todos tenemos el deber moral de adoptar posiciones netas ante este fenómeno perturbador. Las personas y grupos hoy amenazados deben sentir no solo la cercanía privada sino el apoyo público de sus autoridades y de sus conciudadanos. Sensible por inspiración evangélica a todo verdadero sufrimiento humano, la comunidad cristiana tiene que aproximarse también a este grupo de sufrientes, ofrecerles su apoyo moral y reclamar el respeto de sus derechos humanos."
Como he advertido en la "Nota previa" el forzado retraso en el envío de este análisis a los subscriptores me ha permitido substituir los comentarios que yo había hecho a este articulo del obispo de Donostia. Lo he hecho reproduciendo aquí el espléndido artículo de Iker Gallastegi publicado en GARA el día 27 de julio. Que comparto plenamente. Helo aquí
"¿Cuál es el verdadero obstáculo para la paz?
El señor obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, nos ha obsequiado con un artículo en GARA del 16 de julio, titulado «Un grave obstáculo a la paz» al que quisiera hacer algún comentario.
Arremete contra la lucha armada de ETA y la «kale-borroka», a lo cual el señor obispo tiene perfecto derecho, siempre que lo haga, dada su prominente figura, sin achacar a estos agentes motivaciones inexactas ni finalidades inventadas de manera un tanto deshonesta, es decir, sin cometer escándalo. Que exponga su lícita crítica razonando con argumentos respetuosos con la verdad y no recurriendo a la demagogia fácil pero cínica. Cuando uno recurre a falsedades para apoyar sus argumentaciones y aseveraciones señal es que no tiene argumentos sólidos para hacerlo.
Por ejemplo, el señor obispo dice que ETA «pretende impulsar en una dirección determinada el futuro político y social de este pueblo». ¿No es eso lo que pretenden todas las gentes concienciadas y responsables de este pueblo? Pero añade, «En vez de embarcarse en una confrontación razonada, civilizada y respetuosa con las opciones diferentes, la actitud intolerante (de ETA y los kale-borrokalaris) siente el apremio impulsivo de pretender neutralizarlas mediante el ejercicio puro y duro de acciones violentas». Y es aquí donde su argumentación se hace falsa, demagógica y hasta impúdica.
La razón de que ETA exista y que se viese constreñida a utilizar la lucha armada, como lo han tenido que hacer la casi totalidad de los pueblos que han conseguido liberarse de un yugo extranjero, fue la imposibilidad histórica de los vascos de poder hacer, precisamente, lo que el señor obispo recomienda. Lo fue durante la época franquista y lo sigue siendo en esta «democracia» española. No existe posibilidad alguna de «confrontación razonada, civilizada y respetuosa con las opiniones diferentes». Sólo existe una opinión válida, la de Madrid. Los demás a callar y obedecer. Madrid no dialoga ni negocia ni siquiera reconoce la existencia de conflicto político alguno. Por lo tanto ETA sigue tratando, a su manera (la cual el señor obispo tiene perfecto derecho a criticar y rebatir) de «convencer» al Gobierno español a que se siente a negociar democráticamente con las diferentes fuerzas políticas, sociales, culturales... vascas. Atribuirle a ETA el tratar de neutralizar las opciones políticas diferentes mediante el ejercicio puro y duro de acciones violentas será muy rentable políticamente, pero es demagógico y falso y poco digno de un prelado eclesiástico vasco.
Que el Gobierno español se siente a dialogar y negociar democráticamente una solución ecuánime y justa al conflicto político que le enfrenta al pueblo vasco y, desaparecida la causa, desaparecerá el efecto que esa negación a dialogar por parte del Gobierno español ha causado; desaparecerá la lucha armada.
Igualmente, la «kale borroka» de un «porcentaje reducido» de nuestros jóvenes, está motivada principalmente, por la situación ilegal y contraria a los derechos humanos internacionales de los presos políticos vascos y de sus familiares. Efectivamente, sus «agresiones se centran muy particularmente sobre extensos y definidos grupos de ciudadanos», pero no porque esos grupos de ciudadanos «profesen unas opciones políticas muy diferentes a las de sus agresores», ni por su «incapacidad para digerir la disidencia política» como dice el señor obispo, sino porque esos jóvenes se sienten incapaces de tolerar plácidamente que el Gobierno español ni siquiera acate sus propias leyes penitenciarias y que su único argumento «político» sea la represión y la imposición por la fuerza.
Pretender que jóvenes vascos se inhiban de los problemas políticos, sociales y culturales de este pueblo así como de los abusos de poder del Gobierno español y se contenten con vivir tranquilamente sin protestar ante las injusticias a las que están sometidos de la única manera que les es posible, pues ninguna otra les es permitida, es pretender castrar a esa juventud.
Que no se preocupe paternalmente el señor obispo de que «interioricen pautas de conducta moralmente reprochables y socialmente perjudiciales» pues estos jóvenes son los jóvenes más formados política, social y moralmente de Euskal Herria. Son los más generosos y los que más se sacrifican por su pueblo. Son jóvenes que afrontan la persecución y la represión en la calle, así como en la cárcel, con una dignidad y una entereza que quienes se preocupan únicamente de su porvenir económico y de su ascenso en la escala social jamás podrán alcanzar. ¿Cuántos «kaleborrokalaris» (o ex militantes de ETA) conoce el señor obispo que se hayan convertido en delincuentes comunes habituales, como afirma temer? ¿Cuántos que se hayan arrepentido de sus actos a pesar de las palizas, torturas y años de encarcelamiento? ¿No le es evidente cómo salen de las cárceles más convencidos y más firmes en sus creencias?
El señor obispo dice también: «Nadie puede impedir a nadie en una sociedad democrática la defensa de legítimas posiciones políticas o de causas humanitarias». Nadie debería poder impedirlo, pero el señor obispo sabe muy bien que los sucesivos gobiernos españoles lo están impidiendo desde siempre y mientras la sociedad no lo remedie, esa misma sociedad no tiene ni el derecho ni el deber de exigir, en esta defensa, la renuncia a los métodos violentos únicamente a un bando, precisamente al más débil y al que más justificación puede argüir.
Como si no quiere la cosa, el señor obispo ha colado en la frase anterior, para dar más énfasis y añadir justificación a su aserto, el binomio «sociedad democrática». ¿Cómo puede un pueblo dominado considerarse en democracia? Francia era democrática pero ¿gozaban los argelinos o los indochinos de democracia antes de independizarse? Inglaterra era democrática pero ¿lo eran también los indios o los irlandeses antes de liberarse del yugo inglés? ¿Desde cuándo estamos los vascos en una sociedad democrática? ¿Desde cuándo tiene el pueblo vasco el poder de decidir cómo se quiere regir y que esa decisión sea respetada?
Creo que los ciudadanos vascos tenemos derecho a exigirle al obispo de San Sebastián que no falsee, con intención de denigrar, las motivaciones ni las finalidades de los unos ni de los otros, que sea un poco más neutral en sus análisis, un poco más minucioso en el lenguaje que utiliza y mucho más ecuánime y ponderado en sus juicios y acusaciones. Sé que la iglesia nunca lo ha sido pero un vasco, en momentos como los que atravesamos, aunque sea obispo, debiera serlo.
Si evitamos la tentación y las malas compañías, podremos no ser pecadores, si eliminamos las injusticias y los abusos de poder, seguro que no seremos violentos. Si no eliminamos lo uno ni lo otro, irremediablemente seremos pecadores y violentos.
Iker Gallastegi"
Añadiré yo algo por mi cuenta. El señor obispo de Donostia incluye en su artículo una frase referida a la kale borroka. Dice: "Todos tenemos el deber moral de adoptar posiciones netas ante este fenómeno perturbador". De acuerdo. Pero reprocho al señor obispo (y a otros muchos señores obispos y a muchísimos políticos, periodistas, oenegeros de sus pesebres, intelectuales a la violeta y sedicentes "líderes de opinión, a la multitud en fin de individuos que buscan y consiguen segundos o minutos de presencia/gloria/notoriedad en las televisiones y emisoras de radio opinando sobre ése fenómeno perturbador el que sea tan poco frecuente el que (por no decir "que NUNCA") les oigamos lamentarse y condenar otros fenómenos perturbadores presentes en nuestra sociedad. En los que sí hay lamentables muertes. Muchas. Me refiero a los miles de muertos que matan los coches. Y a las decenas de muertas que matan sus maridos o compañeros. Y a los centenares de muertos que mata el terrorismo de la patronal mediante los accidentes de trabajo.
Tal parece que esas vidas NO sean sagradas. Que sólo se grite que la vida es sagrada cuando quien mata es ETA. Pero no cuando quien mata es un coche. O un marido. O un patrono que "se ha ahorrado" los costes de la seguridad que habría evitado el accidente mortal.
A este último caso voy a referirme ahora.
El Consejero de Trabajo de la Comunidad Autónoma Vasca, Sabin Intxaurraga, el director general de Osalan, Juan Carlos Coto, y el director de Trabajo, Luis Mari Valle, informaron el 13 de julio de los resultados del control efectuado a las empresas que más accidentes tuvieron durante 1999, según el plan contra la siniestralidad laboral.
Invito a leer, con la indignación que merecen, estos resultados de ese control (transcribo de la información publicada en GARA al día siguiente):
"El director de Trabajo, Luis Mari Valle, mostró la evolución progresiva de las sanciones porque «en determinadas ocasiones el incumplimiento de la legislación es muy grave». En 1996 se inspeccionaron 4.900 centros de trabajo y se elevaron 490 actas de infracción, lo que supuso el 10% de la inspección. Un año después, la sanción se elevó al 15% y en el año 1998, pasó al 17%. En 1999 se abrieron 1.417 actas de infracción con sanciones medias de 436.000 pesetas.
Durante este año la actividad inspectora se ha incrementado, lo que ha llevado a que en los seis primeros meses se hayan iniciado 786 actas de infracción con una media en la sanción de 509.000 pesetas. El incremento experimentado es de un 12%.
"El 70% de las empresas de la Construcción incumple la normativa de seguridad y salud laborales «y es muy preocupante», señaló Coto. Una cuarta parte de las empresas controladas no cuenta a estas alturas con la preceptiva evaluación de riesgos laborales. Otro 20% no ha adoptado un modelo de organización preventiva; otro 30% no ha dado participación a los trabajadores al no haber constituido los comités de seguridad y salud; y el 45% de las empresas no ha formado a sus trabajadores en materia de prevención".
Afirmo que esos datos son mínimos síntomas del prácticamente impune terrorismo de la patronal. Cuando tanto asno con cátedra y sin ella afirma pomposo que ya no hay lucha de clases sucede que hoy al ir cada mañana los obreros a sus tajos y a sus fábricas, a sus eras y al mar, van a la guerra que les hacen sus patronos. Una guerra en la que disparan contra ellos con las máquinas y los andamios. En la que los obuses y las balas están substituidas por los tornos y las cadenas de producción. Y, lo mismo que en la guerra "de verdad", cada día hay bajas. Cada día hay muertos, hay heridos, hay mutilados. Las condiciones de trabajo en el Estado español suponen una guerra cotidiana de los patronos contra sus trabajadores. La insaciable avidez de beneficios de los capitalistas españoles (¡ y de los vascos por supuesto!) les empuja a aumentar como sea la explotación. Y para eso necesitan (y vienen haciendo desde hace siglos) no pagar sus cuentas, no pagar lo que ensucian, no pagar lo que destruyen (bosques, lagos, tierras, mares) y no pagar los costes de la seguridad e higiene en el trabajo. Seguridad e higiene en el trabajo que no existen, que son sueños de verano para los gerentes, los jefes de personal, los ingenieros, los técnicos y los empresarios en el Estado español. La frecuencia y gravedad de los accidentes de trabajo en esta cárcel de pueblos que es el Estado español constituyen una sangrienta página, una tragedia cotidiana cuyos versos bárbaros se escriben con sangre obrera. Más de millón y medio de accidentes laborales en 1999 de los que 1.572 fueron mortales.
Las cifras de muertos y mutilados permanentes son cifras de guerra. Cuando empieza el año a cada diez afiliados a la Seguridad Social les reparten diez papeletas de un sorteo feroz. Infaliblemente una de esas papeletas tiene un sangriento premio. Al que le toque, le tocará sufrir un accidente de trabajo. La proporción es aún peor porque habría que restar los afiliados que son empresarios (a los que prácticamente nunca les toca "premio").
Las concausas son muchas (además de la omnipresente de la ferocidad empresarial en el "ahorro" de medidas): la extensión del horario de trabajo (el 73% de los trabajadores españoles trabajan más de 40 horas a la semana), que es, según la OCDE, el más alto de Europa, tras Portugal; la presión sobre los ritmos de trabajo, que se está incrementando de forma constante; las formas de trabajo a destajo y por incentivos individuales en actividades peligrosas. Y, sobre todo, la precariedad y la rotación en el empleo: el 60% de los accidentes laborales los sufren trabajadores jóvenes (la temporalidad supera el 70% entre los jóvenes menores de 25 años) y la velocidad en la rotación del empleo ha crecido espectacularmente desde la reforma laboral de 1994. El riesgo de accidente laboral es varias veces superior entre los trabajadores precarios que entre los fijos.
Por supuesto hay que denunciar otra causa: la complicidad de los aparatos de Estado. Por ejemplo la negligencia de los Inspectores de Trabajo incapaces de "meter en cintura" a esas 30.000 empresas que entre los centenares de miles del total concentran la mitad de los accidentes. Por ejemplo la negligencia de los Fiscales, tan diligentes para perseguir el robo de una gallina o el "tirón" de un bolso (porque la defensa de la propiedad privada es su más sagrada función) pero tan poco dedicados a imputar delitos de homicidio o de lesiones por imprudencia a los empresarios que incumplieron las leyes y reglamentos de prevención de accidentes.
Y, naturalmente, las masas españolas encanallas y envilecidas por los más de sesenta años de dictadura franquista y su prolongación juancarlista, que -alienadas por los medios de comunicación de masas, por la Iglesia y por la escuela- escenifican una "formidable" alarma social porque en un año cuarenta perros hayan matado o herido con sus mordeduras mientras que ni se inmutan porque en ese mismo año la inacción culpable de mas de mil quinientos empresarios haya producido la muerte a alguno de sus trabajadores.
Está claro: en el Estado español la vida NO es sagrada cuando el que mata no es ETA sino la codicia de un empresario.
Las gentes vascas padecemos otra específica y muy cruel violencia: la que ejercen muchos jueces y carceleros españoles.
Citaré sólo dos ejemplos de estos 10 días. El día 12 supimos que la Audiencia Nacional había condenado a diez años de prisión y a que indemnice con más de 22 millones de pesetas al Consorcio de Compensación de Seguros a Eneko Olza (acusado de participar en la quema de un cajero de Caja Laboral en Iruñea en 1997) al considerar que este tipo de actuaciones constituyen "una alteración de la paz pública por el temor y la alarma que crean entre los ciudadanos".
El tribunal, en su sentencia, considera al pamplonés de 23 años Olza autor de un delito de "incendio terrorista con la agravante de disfraz" y le impone la pena argumentando que se pretendía "alterar la tranquilidad pública generando un peligro para las personas" y que aunque el joven negó la autoría de los hechos, "reconoció su participación en comisaría".
Al día siguiente el juez de la Audiencia Provincial de Madrid Joaquín Navarro declaró que considera "desajustada a derecho" esa sentencia. Según Joaquín Navarro, la sentencia "es una barbaridad, ya que la autoría no queda demostrada. A Eneko se le ha condenado porque un señor con una capucha aparece en un vídeo. Ese reconocimiento es absolutamente aleatorio, no hay prueba ninguna". Y añadió que "el Código Penal dice que la kale borroka no es terrorismo, por lo que ya se puede decir misa hablando de grado de perturbación del orden público o subversión del orden constitucional". Y reclamó la desaparición de la jurisdicción especial de la Audiencia Nacional para juzgar este tipo de acciones.
El mismo día 12 el colectivo Gurasoak realizó un balance del juicio de Eneko Olza anunciando que recurrirá tanto el encarcelamiento del joven, anterior a la sentencia, como la sentencia condenatoria. Con respecto al encarcelamiento, Gurasoak considera que existen elementos suficientes para querellarse contra la Sala de la Audiencia Nacional que ordenó esta medida. Según Gurasoak, el tribunal incurrió en un delito de "no respetar el derecho fundamental de libertad". Afirma que el encarcelamiento del joven fue injustificado, dado que Olza conocía la petición fiscal desde hace más de ocho meses; desde hace más de un año conocía la fecha del juicio, y desde hace más de dos estaba en libertad provisional presentándose quincenalmente al Juzgado de Guardia de la Audiencia Provincial de Iruñea.
Los portavoces de Gurasoak afirmaron que no fue un juicio, puesto que "el joven ya estaba condenado de antemano. Ha sido una vez más un juicio farsa. Venimos denunciando desde hace cuatro años cómo sistemáticamente la Audiencia Nacional juzga a cientos de jóvenes sin ningún tipo de prueba y los condena antes de que se celebre el juicio".
Los portavoces de Gurasoak creen que la Audiencia Nacional ha actuado, una vez más, "como un apéndice más del Ministerio del Interior y del Gobierno español, adoptando resoluciones judiciales en función de los distintos impulsos políticos exteriores que se están dando".
El portavoz de EH Joseba Permach declaró al respecto del caso que la condena a Eneko Olza deja de manifiesto que "el fascismo judicial y político pisa el acelerador represivo con el objetivo de demostrar que la única receta válida para superar el conflicto político pasa por seguir torturando, condenando y encarcelando a decenas y decenas de ciudadanos vascos con sentencias "ejemplarizantes" que niegan la posibilidad de defensa".
Veamos ahora un caso de gratuita y feroz crueldad sobre una prisionera vasca. Maite Pedrosa fue brutalmente torturada tras su detención. Lo hemos denunciado y seguimos denunciando en varios de los textos que están publicados en la web de la RED VASCA ROJA. Por ejemplo aquí y aquí.
Ahora ha muerto su padre. Y este es el relato que el 11 de julio publicaba GARA de lo que le han hecho sus carceleros aprovechando esa para ella dolorosa circunstancia:
"La presa Maite Pedrosa fue trasladada de vuelta a la cárcel de Alcalá desde Langraiz sin que pudiera reunirse con su familia en Ugao, según señalaron ayer sus familiares. Pedrosa tramitó el 12 de junio una solicitud de excarcelación para poder visitar a su padre que, gravemente enfermo, falleció el día 30.
La prisionera tampoco pudo asistir a los funerales por su padre, ya que no llegó a Langraiz hasta el pasado miércoles. Viendo que no se cumplía la orden de excarcelación y traslado a su domicilio familiar de Ugao, Maite Pedrosa envió una instancia al director de la cárcel alavesa solicitando explicaciones a esta situación.
La contestación a la demanda de Pedrosa se la ofrecieron en el reverso de la solicitud y escrito a bolígrafo, en la que se rechazaba su petición de reunirse con su familia argumentando que el permiso de excarcelación concedido se refería únicamente al funeral y éste ya se había producido."
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